• Los elementos lograron la suspensión condicional del proceso tras llegar a acuerdo con la víctima para reparar el daño
Jorge Luis “N” y Gerónimo “N”, policías estatales de la desaparecida Fuerza Única Regional fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho, pero llegaron a un acuerdo con la víctima para reparar el daño y obtuvieron la suspensión condicional.
En audiencia celebrada la tarde de este martes en los juzgados de Puente Grande, el Juez Décimo de Primero Control y Oralidad, Raúl Valdez Arredondo, resolvió que había elementos para vincular a proceso a los elementos de la desaparecida corporación policiaca por el delito de cohecho.
El 20 de abril de 2018, durante un recorrido de vigilancia que realizaban Jorge Luis “N” y Gerónimo “N” por Huentitán, detectaron en circulación un vehículo cuyas placas contaban con reporte de robo por lo que pidieron al conductor detenerse y luego le solicitaron $5,000 pesos para dejarlo ir sin llevárselo detenido para presentarlo ante el Ministerio Público, dinero que pagó.
Posteriormente, la víctima acudió a la Visitaduría de la entonces Fiscalía General del Estado (FGE) a levantar la denuncia y al presentar su vehículo se corroboró que, por error, al tomar un reporte de robo de otro automotor se capturaron mal las placas, por lo que los policías actuaron de manera correcta al detener el vehículo, pero en lugar de presentarlo ante la autoridad correspondiente para que se aclarara la situación, le pidieron dinero para dejarlo ir.
Por lo anterior, la denuncia fue turnada a esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción donde un agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación, realizó las indagatorias y presentó a los dos elementos ante el Juez que determinó ayer vincularlos a proceso por el delito de cohecho.
Tras conocer la resolución del juzgador, en la misma audiencia la defensa de los policías solicitó la suspensión condicional de proceso, beneficio que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y presentó un acuerdo para la reparación del daño con el que está conforme la víctima.
Los elementos se obligan a pagar $5,000 pesos por concepto de reparación del daño a la víctima, además de $14,000 pesos como donativo al área de Cancerología Infantil del Hospital Civil por reparación del daño a la sociedad.
El Juez les impuso que deberán tomar un curso de derechos humanos y someterse al control de la Unidad de Medidas Cautelares durante los próximos seis meses. Ambos elementos continúan en activo en la actualidad en la Secretaría de Seguridad Pública y en una Comisaría Municipal del Área Metropolitana de Guadalajara.
