Por Gerardo Rico Periodista e Investigador
Ante propios y extraños la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asestó un duro golpe a la corrupción con la detención de 14 funcionarios, entre ellos 6 marinos relacionadas con el tráfico de combustible en las aduanas marítimas, entre ellos están tres empresarios, seis marinos –uno de ellos en retiro– y cinco funcionarios aduanales.
El grupo se relacionó con el hallazgo, en marzo pasado, de un buque que llegó al puerto de Tampico, Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel de contrabando, decomisado en la que se considera una de las operaciones más grandes de su tipo. El detenido de más alto rango entre los funcionarios arrestados es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, miembro de la Marina y sobrino del secretario naval durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Rafael Ojeda Durán.
No debemos perder de vista la trascendencia de este acontecimiento ante la eterna cantaleta de la oposición “la Presidenta es mandada y hace lo que le dice Andrés Manuel López Obrador”. Al no tener argumento alguno ante estas detenciones la oposición afirmó que se trató de un acuerdo con el Secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, luego de la reciente reunión que tuvieron ambos personajes en Palacio Nacional.
Sin embargo y más allá de cualquier suposición lo hecho por la administración de Sheinbaum Pardo, no tiene precedentes en la historía reciente del país y aunque persisten las presiones del gobierno estadounidense los hechos en días anteriores marcan sin duda una distancia en torno al actuar de la administración federal que encabezó el líder moral de Morena.
La operación incluyó la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que revisó las actividades financieras de los sospechosos, en las que detectó movimientos que “resultaban incongruentes con el perfil de las personas investigadas”, como lujosos gastos y compras irregulares.
Al respecto el secretario de la seguridad en el país, Omar García Harfuch insistió que la Administración de Sheinbaum no permitirá que los funcionarios públicos se involucren en actividades ilegales. “No hay consideraciones a malas prácticas, ni a actividades ilícitas que mermen el desarrollo nacional o afecten los intereses del Estado mexicano”, apuntó.
Según investigaciones, son al menos ocho los puertos del país donde las redes de huachicoleros mantenían control para permitir el contrabando de combustible. Los puertos que se mencionan en los expedientes de vinculación a proceso de distintos detenidos son Altamira, Tamaulipas; Veracruz, Veracruz; Ensenada, Baja California; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Guaymas, Sonora; La Paz, Baja California Sur; Cancún, Quintana Roo y Mazatlán, Sinaloa.
De acuerdo al diario El Universal, seis integrantes del Centro Federal de Inteligencia Criminal realizaron un análisis integral y detectaron al menos 555 empresas vinculadas con actividades de contrabando de huachicol. Entre ellas se encuentran Altos Energéticos Mexicanos, S.A. de C.V.; Grupo Base Energéticos, S.A. de C.V.; Grupo Potesta, S.A. de C.V.; Era Tech Combustibles, S.A. de C.V., y Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, S.A. de C.V.
“La identificación de los modus operandi: Primer modus, la compra del combustible se realiza en Estados Unidos para posteriormente realizar la importación a México y ser vendido a diversas empresas, que serán las encargadas de realizar su distribución a través de empresas comercializadoras y transportistas vendiendo el combustible a un menor precio que el establecido en el mercado nacional”.
“Para tales efectos se valen de pedimentos de importación de gasolina y diesel clonados con los que se simula la procedencia legal de los hidrocarburos, permitiéndoles acreditar las múltiples ventas que realizan”, detalla el análisis de la FGR.
Un situación colateral fue la mancha a la reputación de la Secretaría de Marina que por años forjó una reputación de ser la institución más fiable en la lucha contra el crimen organizado, principalmente, por una característica en su estructura: era, se creía, incorruptible. Gobierno tras gobierno, de Felipe Calderón, impulsor de la guerra contra el narco, a Andrés Manuel López Obrador, los marinos ganaron protagonismo en la seguridad pública, en gran parte con la anuencia de Washington.
Hay que recordar también que apenas hace unos años y gracias al auspicio del ex presidente López Obrador, la Marina desplazó a la autoridad civil que administraba las aduanas portuarias y se hizo con el control de esos puntos de acceso estratégicos. El argumento del expresidente era, nuevamente, el supuesto blindaje de la Marina contra la corrupción. No obstante, el desmantelamiento de una red de huachicol en la que estaban implicados mandos navales desgarra el fino velo que cubría el rostro de la dependencia armada.
El deslinde de la Presidenta Sheinbaum Pardo no llega tarde y en un movimiento estratégico para su joven administración, ante las presiones del Presidente Donald Trump y las presiones de grupos internos de poder en Morena dio un importante manotazo para marcar su estilo propio y advertir que no tolerará actos de corrupción durante su gestión. Hay que estar pendientes además de los cambios que habrá al interior de su gobierno en movimientos que poco a poco van marcando una ruta propia.
