El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco advirtió que la propuesta de Morena para una nueva Ley General de Aguas podría representar un golpe directo para el campo mexicano, al establecer sanciones más estrictas y un mayor control federal sobre el recurso hídrico.
De acuerdo con el posicionamiento presentado por el partido, la iniciativa endurece las penalizaciones para quienes modifiquen el uso asignado del agua. Acciones como trasladar, ceder, intercambiar o cambiar el destino original del recurso podrían derivar en multas millonarias, revocación de concesiones e incluso penas de cárcel que irían de 2 a 10 años.
Impactos en el campo: pérdida de certeza y riesgo patrimonial
El PRI Jalisco señaló que la reforma transformaría concesiones históricas —muchas heredadas por generaciones de familias campesinas— en permisos temporales sujetos a la decisión de autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Esto, advierten, podría traducirse en:
- Riesgo de perder derechos sobre el agua, considerado patrimonio básico para productores y sus familias.
- Inseguridad jurídica sobre concesiones que han sostenido la producción agrícola nacional.
- Centralización del control del agua en el gobierno federal, debilitando módulos y asociaciones de usuarios que hoy participan en la gestión del recurso.
El partido asegura que esta concentración del poder hídrico otorgaría a Conagua mayor control sobre distribución, tarifas, infraestructura y asignación del agua.
Foros y posicionamiento político
En respuesta a este escenario, el PRI informó que ha organizado foros de escucha en diversos estados —incluyendo Ciudad de México, Chihuahua, Campeche, Tabasco, Guanajuato y Aguascalientes— con el fin de recoger inquietudes de campesinos, productores y organizaciones civiles.
Según la dirigencia, el objetivo es construir una postura común para defender el acceso al agua como un elemento decisivo para la economía rural y la vida comunitaria.
La discusión sobre la nueva Ley General de Aguas continúa en el plano nacional, con productores y sectores rurales atentos al posible impacto de una reforma que, de aprobarse, modificaría la gestión del recurso en todo el país.
