La construcción de edificios verticales en Guadalajara avanza a gran velocidad, pero lo hace sobre bases frágiles, marcadas por omisiones técnicas, vacíos legales y negligencias que impactan directamente en el medio ambiente y en los derechos humanos. Así lo documenta Abril Ledesma, profesora de Arquitectura del ITESO, quien desde 2022 investiga los vicios estructurales que acompañan la verticalización de la ciudad.
Las torres de cristal que hoy definen el paisaje del Área Metropolitana de Guadalajara proyectan modernidad y desarrollo, pero detrás de esa imagen —advierte la investigadora— se esconden afectaciones profundas: daño al ciclo natural del agua, pérdida de áreas verdes, infraestructura insuficiente y viviendas que se venden sin garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.
“Nos ofrecen vivienda, pero sin agua, con energía comprometida, con contaminación y con riesgos que no se explican”, señala Ledesma, quien centra su análisis en aquello que no se ve: las cimentaciones, la impermeabilización del suelo y las consecuencias acumulativas que dejan estos proyectos en el entorno urbano.
El punto de quiebre
El interés académico de Ledesma surgió desde la experiencia cotidiana. Un reflejo del sol en la fachada de una torre la encandiló mientras conducía entre el tráfico tapatío. A partir de ahí comenzó a observar cómo la ciudad se transforma en favor del negocio inmobiliario: banquetas reducidas, accesos vehiculares invasivos, departamentos cada vez más pequeños y una planeación urbana que prioriza la rentabilidad sobre la calidad de vida.
Su primer trabajo de investigación se desarrolló durante la maestría y abordó el caso de la Villa Panamericana, edificada en 2011 dentro de una zona de amortiguamiento del Bosque La Primavera. El proyecto comprometió acuíferos y generó riesgos ambientales que hoy lo mantienen asegurado por la Fiscalía del Estado de Jalisco, convertido en símbolo de corrupción, mala planeación y ausencia de sanciones efectivas.
Una ciudad que crece sin planeación integral
Como parte de su doctorado en Hábitat y Sustentabilidad, Ledesma identifica tres etapas críticas donde se repiten los vicios: preconstrucción, construcción y postconstrucción.
En la preconstrucción, señala, los proyectos se autorizan sin estudios de impacto ambiental ni análisis de riesgo sólidos, apoyados en un lenguaje normativo ambiguo que abre la puerta a la discrecionalidad.
Durante la construcción, aparecen materiales inadecuados, mano de obra sin capacitación especializada y una supervisión institucional débil.
En la postconstrucción, el problema se agrava cuando las empresas desaparecen, no existen garantías reales y los propietarios quedan indefensos ante fallas estructurales que surgen fuera del plazo legal para reclamar.
Para la investigadora, el mayor obstáculo no es la falta de recursos, sino un modelo económico que convierte la vivienda vertical en un negocio donde la ganancia se impone sobre la seguridad y la habitabilidad. Las consecuencias son múltiples: alteración del ciclo del agua, mayor contaminación, vulneración del derecho a una vivienda digna y riesgos ante emergencias.
“Imagínate un incendio en una torre con López Mateos colapsado, sin carriles de emergencia ni capacidad real de respuesta”, ejemplifica.
¿Qué hacer ante este escenario?
Ledesma no propone nuevas leyes, sino corregir y aplicar las existentes. Entre sus recomendaciones está reformar artículos del Código Urbano para cerrar vacíos legales, exigir capacitación especializada a desarrolladores y responsables de obra, e impulsar desde las universidades programas enfocados en verticalidad, gestión de riesgos y sustentabilidad.
La verticalización —afirma— llegó para quedarse, pero sin transparencia, participación ciudadana y planeación integral, Guadalajara corre el riesgo de seguir creciendo “sin cimientos”.
