● Juez dicta medidas cautelares a los oficiales quienes tienen prohibido acercarse a las víctimas, entre otras obligaciones
Guillermo “N” y José de Jesús “N”, elementos de la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho, luego de que la Décima Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado revocara la resolución de no vinculación y ordenara al juez de primera instancia dictar medidas cautelares en su contra.
En cumplimiento a lo dispuesto por el Supremo Tribunal, el 20 de agosto se celebró audiencia en los Juzgados con sede en Puente Grande. La diligencia estuvo a cargo del Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Gustavo Jazmany Lepe Soltero, quien impuso a los imputados las siguientes medidas cautelares, vigentes por seis meses:
• Presentarse a firmar cada mes ante el órgano jurisdiccional.
• No salir del estado sin autorización judicial.
• Prohibición de acercarse, comunicarse o convivir con la víctima.
El proceso judicial inició el 19 de septiembre de 2024, fecha en que se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual los imputados se acogieron al término constitucional de 144 horas. El 25 de septiembre del mismo año se reanudó la audiencia y el juez resolvió no vincularlos a proceso.
Ante esta determinación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción interpuso un recurso de apelación, que fue resuelto por la Décima Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia. Dicho órgano revocó la resolución inicial, vinculó a proceso a los oficiales y ordenó la imposición de medidas cautelares.
Los hechos por los que se les vinculó a proceso ocurrieron el 18 de enero de 2024, cuando un hombre circulaba en su vehículo sobre el anillo Periférico de Guadalajara y fue detenido por los oficiales Guillermo “N” y José de Jesús “N”, quienes se encontraban en servicio.
Los agentes le informaron que la placa del automóvil estaba vencida y que el vehículo sería remitido al corralón. Aunque el ciudadano contaba con toda su documentación en regla, los oficiales le exigieron la cantidad de $2,550 pesos, supuestamente por el costo de la grúa. Al no contar con el dinero, le indicaron que debía conseguirlo o transferirlo a una cuenta bancaria que le proporcionaron. Además, retuvieron su identificación oficial y le ordenaron retirarse a su domicilio para reunir la cantidad solicitada.
Minutos después, los policías viales acudieron a la vivienda de la víctima para buscarlo y cobrarle el dinero. Sin embargo, al no localizarlo, se retiraron del lugar, quedando evidenciado que no solo solicitaron un pago indebido, sino que también tuvieron conocimiento del domicilio del ciudadano y lo visitaron con la intención de obtener el dinero.
El afectado acudió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a presentar la denuncia, tras lo cual se abrió una carpeta de investigación. Con las indagatorias se acreditó que los servidores públicos solicitaron dinero de manera indebida en el ejercicio de sus funciones, motivo por el cual se inició el proceso judicial en su contra.
