Dos exempleados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) fueron sentenciados a dos años, cuatro meses y 24 días de prisión, además de una inhabilitación por 24 años para ejercer cargos públicos, tras admitir su responsabilidad en un esquema de abuso de autoridad que permitió el uso indebido de bienes del organismo para beneficio personal.
Se trata de Moisés Absalón “N” y Alba Marisol “N”, quienes entre 2021 y 2023 crearon una empresa particular para rentar como propios salones de eventos pertenecientes al IPEJAL, obteniendo ganancias indebidas a costa del patrimonio público.
La sentencia fue emitida durante una audiencia celebrada la tarde del martes 30 de diciembre en los juzgados de Puente Grande, donde el Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Gustavo Jazmany Lepe Soltero, aprobó el procedimiento abreviado solicitado y dictó fallo condenatorio por el delito de abuso de autoridad.
De acuerdo con la resolución, además de la pena de prisión y la inhabilitación, los sentenciados deberán reparar el daño económico, que asciende a 966 mil 198 pesos a favor del IPEJAL. Asimismo, se les impuso una multa de 3 mil 848 pesos y un donativo conjunto de 30 mil pesos para el área de Cancerología Infantil del Hospital Civil de Guadalajara, como reparación del daño a la sociedad.
Las investigaciones revelaron que los exempleados bloqueaban fechas en dos salones del Instituto y los ofrecían al público a través de su empresa privada, solicitando a los clientes firmar dos contratos: uno oficial con el IPEJAL y otro con su empresa. Los usuarios desconocían que los inmuebles pertenecían al organismo público.
Aunque al Instituto ingresaba únicamente la tarifa establecida en el tabulador oficial, los imputados cobraban montos que duplicaban el precio real, quedándose con los excedentes bajo el argumento de supuestos servicios adicionales.
El caso se originó a partir de una denuncia anónima recibida a inicios de 2023 por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que tras las indagatorias localizó alrededor de 20 contratos privados con estas irregularidades. El 28 de mayo de 2025, ambos exservidores públicos fueron presentados ante un juez y vinculados a proceso.
Con esta sentencia, las autoridades estatales reiteraron el mensaje de que el uso indebido de recursos públicos con fines personales será sancionado conforme a la ley.
