El Consejo Directivo aprobó presentar denuncias por presunto fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza, además de solicitar a la CNBV investigar el seguimiento a los certificados bursátiles, cuya minusvalía asciende a 2 mil 51.5 millones de pesos.
El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) emprenderá nuevas acciones legales para esclarecer las circunstancias de una inversión en certificados bursátiles de la naviera TMM que comprometió recursos por mil 626 millones de pesos, provenientes del patrimonio de las y los trabajadores del estado.
El Consejo Directivo del organismo aprobó por unanimidad presentar denuncias penales contra quien o quienes resulten responsables por los posibles delitos de fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza. Asimismo, solicitará la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para investigar el seguimiento que se dio a la calificación crediticia de estos instrumentos financieros.
La inversión corresponde a certificados bursátiles fiduciarios emitidos por TMM División Marítima, S.A. de C.V., actualmente denominada Marítima del Golfo de México y Subsidiarias para el Petróleo, S.A. de C.V. Los recursos se destinaron entre 2010 y 2012, así como en 2016, durante las administraciones estatales de Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
De acuerdo con la información presentada al Consejo Directivo, el Instituto adquirió un total de 14 millones 62 mil 470 títulos: 9 millones 479 mil 729 entre 2011 y 2012, y otros 4 millones 582 mil 741 durante 2016. La inversión representó mil 626 millones de pesos.
El acuerdo aprobado establece que la Dirección Jurídica y la Consejería Jurídica analizarán y promoverán las acciones necesarias para proteger el patrimonio del organismo y procurar la recuperación de los recursos, incluidas las denuncias ante la CNBV y las acciones por la vía penal.
Una degradación crediticia desploma el valor de los certificados
La decisión de emprender nuevas acciones legales se produjo luego de que la calificadora HR Ratings redujera, el pasado 1 de octubre, tres niveles la calificación crediticia de los certificados TMMCB 10, TMMCB 10-2 y TMMCB 10-3 en una sola jornada.
El Comité de Inversiones del IPEJAL presentó ante el Consejo Directivo un informe sobre la situación extraordinaria de estos instrumentos financieros, en el que expuso las afectaciones a su valor.
Al 30 de septiembre de 2026, el proveedor de precios valuaba la posición del Instituto en 2 mil 428 millones de pesos. Sin embargo, después de la degradación crediticia, las series TMMCB 10-2 y TMMCB 10-3 pasaron a tener un valor de cero, mientras que la serie TMMCB 10 quedó valuada en 376.5 millones de pesos.
La diferencia representa una minusvalía de 2 mil 51.5 millones de pesos para el organismo, de acuerdo con las cifras presentadas por el propio Instituto.
Ante este escenario, el IPEJAL también solicitará a la CNBV investigar por qué no se habría dado un seguimiento oportuno a la calificación de los certificados bursátiles emitidos por TMM.
Antecedentes de investigaciones por inversiones fallidas
El caso tiene antecedentes en 2022, cuando la Contraloría del Estado presentó denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción contra exfuncionarios por inversiones realizadas con recursos del IPEJAL en la naviera TMM y en la constructora Abengoa, pese a que, de acuerdo con las investigaciones, existía información sobre la situación financiera de ambas empresas.
Derivado de esas denuncias, se giró una orden de aprehensión contra Francisco Ayón López, quien presidió el Instituto durante la administración de Aristóteles Sandoval, por su presunta responsabilidad en la aprobación de inversiones que ocasionaron quebrantos al organismo.
Con las nuevas acciones aprobadas, el Instituto busca ampliar las vías legales para esclarecer las decisiones relacionadas con los certificados bursátiles, determinar posibles responsabilidades y procurar la recuperación de los recursos comprometidos.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo de los fondos de pensiones de los trabajadores de Jalisco, cuyo patrimonio se encuentra en el centro de las investigaciones y de las acciones legales que ahora pretende impulsar el organismo.
