La abogada Adriana Gabriela Arreola Dueñas denunció agresiones y tratos degradantes durante la manifestación del 11 de octubre en Casa Jalisco; su asesor jurídico sostiene que la investigación federal debe esclarecer los hechos y garantizar la reparación integral del daño.
La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción sobre la denuncia presentada contra el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra la defensora Adriana Gabriela Arreola Dueñas durante la manifestación del pasado 11 de octubre en Casa Jalisco, donde cientos de personas protestaron para exigir agua limpia, salubre y asequible.
La decisión fue formalizada mediante un acuerdo del 30 de octubre de 2026, luego de que la víctima solicitara la intervención de la autoridad federal el día 28 del mismo mes. Con ello, la FGR asumió la investigación de los hechos denunciados, en un caso que involucra señalamientos de agresiones y presuntos tratos degradantes durante la intervención de corporaciones policiacas estatales.
Arreola Dueñas manifestó su desconfianza hacia las autoridades de Jalisco, debido al trato que recibió después de los acontecimientos. Relató que, al intentar impedir que policías golpearan a otros manifestantes, fue agredida por elementos de seguridad, quienes presuntamente le levantaron la sudadera y le bajaron el pantalón.
También denunció que, después de ser trasladada a las instalaciones de la Fiscalía del Estado, ella y otras personas detenidas fueron desnudadas. “Me iban agrediendo, me subieron la sudadera y me bajaron el pants; cuando estuvimos en la Fiscalía del Estado, nos desnudaron a todos los que estuvimos ahí”, expresó.
La defensora, fundadora del Colectivo Acceso a la Salud, Justicia y Educación, señaló además que su hija, Adriana María Aceves Arreola, fue detenida mientras la acompañaba en la manifestación. Según su testimonio, durante la intervención policial la sujetaron con una mascada que llevaba consigo y, cuando una persona de la Comisión Estatal de Derechos Humanos intentó intervenir, presuntamente estuvieron a punto de ahorcarla.
Los señalamientos se producen después de que autoridades estatales negaran que se hubiera cometido tortura en Casa Jalisco, por lo que la intervención de la FGR representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre los hechos del 11 de octubre.
Investigación federal y exigencia de reparación del daño
El asesor jurídico de la víctima, el doctor José Francisco Salazar González, consideró que la atracción del caso por parte de la autoridad federal representa una oportunidad para garantizar una investigación con apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos.
“Ante este monumental atropello a los derechos humanos de los manifestantes, una luz en el camino genera paz y tranquilidad a las víctimas”, manifestó el abogado, al referirse a la intervención de la FGR.
El también catedrático de la Universidad de Guadalajara y especialista en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos explicó que la denuncia contra el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro tiene como objetivos esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades correspondientes y conseguir la reparación integral del daño.
Salazar González sostuvo que los hechos deben investigarse con perspectiva de género, debido a las circunstancias denunciadas por las víctimas, y advirtió que las presuntas violaciones a los derechos humanos no deben quedar impunes.
Con la atracción de la investigación, el caso pasa al ámbito federal, donde las víctimas esperan que se esclarezcan las actuaciones de los elementos de seguridad y las posibles responsabilidades derivadas del operativo desplegado durante la protesta.
