- Se pretende protegerlos sobre cualquier tipo de delito, principalmente de empresas que buscan cometer fraude contra ellas y ellos
- Esta iniciativa contempla modificar los artículos 11 y 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República, a efecto de definir una nueva estructura, funciones y atribuciones para esta nueva fiscalía
Para evitar que sean motivo de abuso, fraudes, así como indiferencia e indolencia en la procuración de justicia, el Senador Carlos Lomelí Bolaños presentó una iniciativa para la creación de la Fiscalía Especializada de las Personas Adultas Mayores, la que ayudará para que este sector tan vulnerable de la sociedad disponga de una estructura gubernamental que procese con eficiencia la investigación de ilícitos que se cometan en su contra.
“No obstante, las personas mayores constituyen un grupo vulnerable sujeto a discriminación, abandono, violencia y abusos que requieren una respuesta institucional focalizada (…) necesitamos instituciones sólidas que protejan a quienes más lo necesitan, y por eso la Fiscalía Especializada de las Personas Adultas Mayores es una pieza clave en este camino. Esta fiscalía, además de perseguir los delitos que afectan a nuestros mayores, garantizaría que sus derechos sean defendidos en todo momento, y se asegurará de que cualquier abuso, ya sea cometido por familiares, terceros o funcionarios públicos, sea castigado”, indicó el Senador de Jalisco.
Puntualizó en el reciente caso de una empresa financiera señalada por cometer fraude a miles de adultos mayores en varias entidades del país, incluida Jalisco. Buscamos protegerlos de esta clase de delitos y de cualquier otro que atente contra su patrimonio y su integridad física, sentenció el Senador Carlos Lomelí.
Añadió que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que ninguna persona mayor de edad puede ser discriminada o socialmente marginada en ningún espacio público o privado, además de que deben evitarse que se cometan abusos, explotación, aislamiento, violencia o actos jurídicos que pongan en riesgo a la persona, bienes o sus derechos.
En términos de impacto social, señaló que no se puede olvidar que, a pesar de los avances, 4 de cada 10 personas mayores aún viven en condiciones de pobreza y que muchas dependen económicamente de sus familiares, y bajo este contexto, hace que sean más vulnerables a abusos y fraudes patrimoniales, que en muchos casos son cometidos por personas cercanas a ellos.
La fiscalía que se propone, indicó el Legislador por Jalisco, tendrá la capacidad de investigar estos delitos de manera eficiente y garantizará que las personas adultas mayores sean tratadas con respeto y dignidad, tengan pronto acceso a la justicia y se protejan sus derechos humanos.
La iniciativa contempla modificar los artículos 11 y 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República, a efecto de definir una nueva estructura, funciones y atribuciones para esta nueva fiscalía, que tendrá a su cargo la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones contra el pleno ejercicio de los derechos que las leyes les han otorgado.
En el Artículo 11 se contempla crear dicha Fiscalía Especializada dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República, mientras que se adiciona un bis a la fracción VIII del Artículo 13 para que se le otorguen facultades a la Fiscalía Especializada de las Personas Adultas Mayores en la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos que las leyes han otorgado a las personas adultas mayores; entre otros, el derecho a una vida con calidad, libre de violencia, a la no discriminación, a ser respetado en su persona, a ser protegido contra toda forma de explotación y recibir un trato digno y apropiado por parte del Ministerio Público en toda situación que se encuentre involucrado como víctima en la comisión de un delito en su agravio; cuando afecten gravemente a la sociedad o por motivo de la condición de vulnerabilidad de las víctimas, o cuando existan falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación en las entidades federativas o cuando la participación de funcionarios o servidores públicos obstaculice la investigación.
También conocerá este tipo de hechos cometidos por particulares cuando así lo determine una ley especial.
La Fiscalía Especializada de las Personas Adultas Mayores conocerá, por atracción, casos del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General de la República, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes generales y especiales.
Finalmente, el Senador Carlos Lomelí informó que se establecen dos transitorios a esta reforma legal para que el titular de la Fiscalía General de la República nombre, en un plazo no mayor de 30 días a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a la persona que ocupará la titularidad de esta nueva Fiscalía Especializada.
Asimismo, los casos relativos a delitos relacionados con hechos, que tengan relación con personas adultas mayores, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, que hayan sido iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto por la de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, deberán continuar su curso correspondiente en la misma hasta su conclusión.
La iniciativa del Senador Carlos Lomelí fue turnada, para su análisis y dictaminación, a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República.
