El pasado 30 de octubre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó por mayoría el proyecto de presupuesto 2025, que se remitió al Ejecutivo Federal el 5 de noviembre, para que se integre al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.
Para el próximo año, el Consejo solicitará un presupuesto de 75,142.8 millones de pesos, que
representa un incremento de 4.9%, en términos reales (considerando la inflación estimada por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico para el cierre de 2024), respecto de lo que la Cámara de Diputados autorizó para el presente año.
Este monto es 12.8% inferior, en términos reales, al que le fue autorizado al Consejo hace siete
años (para el ejercicio fiscal 2018).
Es importante señalar que para 2024, la Cámara de Diputados realizó el recorte más grande de,
por lo menos, los últimos diez años a los recursos solicitados por el Consejo, equivalente a 5,876 millones de pesos (7.9% de lo solicitado).
A pesar de ello, con una política de racionalidad, austeridad y contención del gasto, el Consejo
ha hecho frente a la creciente demanda de justicia federal. Así, en los últimos cinco años, el CJF ha ejercido, en promedio, el 99% de los presupuestos que le ha aprobado la Cámara de
Diputados.
Para el 2025, se destinarán 8 de cada 10 pesos solicitados para el rubro de servicios personales,
pues el capital humano es el factor clave de la impartición de justicia, y por ello, del total de
50,081 plazas vigentes, casi 9 de 10 (87%) corresponden a personas servidoras públicas que se
desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.
En este mismo rubro se prevén los recursos necesarios para cubrir las remuneraciones y
prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, para garantizar el
respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Consejo, en estricto
apego a lo previsto en el Artículo Décimo Transitorio de la reciente reforma constitucional, que estableció el compromiso de respetar todos los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación vigentes al momento de su entrada en vigor.
Asimismo, se consideró que existen diversas suspensiones derivadas de los juicios de amparo
promovidos en contra de la reforma constitucional que, entre otras acciones, ordenan al
Consejo abstenerse de realizar ajustes presupuestarios que impacten negativamente en las
remuneraciones de las personas servidoras públicas, estableciendo que deberán mantenerse
conforme a los montos actuales.
