Una columna de Gerardo Rico Periodista e Investigador
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sancionado, multado o requerido al Congreso de Jalisco en múltiples ocasiones por incumplimiento de sentencias, desacato y omisiones legislativas, con al menos más de diez sanciones económicas acumuladas en años anteriores, particularmente relacionadas con el nombramiento de magistrados y omisiones en materia de derechos humanos.
En abril del 2012 la máxima instancia judicial en nuestro país separó del cargo y consignó al entonces presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, Gustavo Macías Zambrano, por la responsabilidad constitucional derivada de la violación a la suspensión otorgada en la Controversia Constitucional 90/2011, para el efecto de que no se designara, ni tomara protesta a cuatro nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, hasta en tanto se dictara sentencia definitiva en la citada controversia.
Aún recordamos que el panista acudió durante varios años a firmar cada dos semanas al Centro Penitenciario de Puente Grande. Esta medida junto con el pago de una fianza fue impuesta por la SCJN en abril del 2012, situación que se prolongó hasta septiembre del 2015 cuando fue absuelto de cualquier delito.
Lo anterior lo traigo a colación luego que en el Congreso del Estado algunas fracciones parlamentarias rechazaron votar la llamada “’Ley trans’, que reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro civil a partir de los 16 años.
En lo personal no estoy de acuerdo con esta ley, sin embargo es un logro alcanzado por la comunidad LGTBI. Fue Harry Benjamin (1885-1986) un endocrinólogo y sexólogo germano-estadounidense, pionero en el estudio y tratamiento de la transexualidad y la disforia de género. Autor del libro «El fenómeno transexual» (1966), desarrolló enfoques médicos, hormonales y quirúrgicos que sentaron las bases de la medicina transgénero moderna y abogó por la desestigmatización de las personas trans.
La Agenda 2030 es un plan de acción global de las Naciones Unidas, aprobado en 2015 por 193 países, que busca un desarrollo sostenible para el año 2030, enfocado en personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, abarcando temas sociales, económicos y ambientales, como la erradicación de la pobreza, igualdad de género, educación y lucha contra el cambio climático.
El informe “For all The Sustainable Development Goals and LGBTI People”, «Para todos: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las personas LGBTI» (2019) de la organización RFSL, siglas en sueco de la Federación Sueca para los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queer e Intersexuales (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter), explica la relación entre la agenda LGBTI y la Agenda 2030.
Para ello menciona como prioridades del desarrollo de la población LGBTI seis diferentes dimensiones: la salud, la educación, la pobreza, la seguridad, la familia y el reconocimiento legal al género, y relaciona estas dimensiones con los ODS y sus respectivas metas.
Por ejemplo, frente a la dimensión de la salud establece como una de las principales problemáticas de la población LGBTI, su bajo acceso a los servicios de salud debido al estigma y la discriminación de muchos de los prestadores de salud, la falta de servicios de salud que atiendan las necesidades especificas al género o la orientación sexual de la población LGBTI, así como servicios orientados a suplir las demandas insatisfechas en salud sexual y reproductiva específicos de mujeres lesbianas y/o los procesos de hormonización en la población trans.
A partir del 2014 el tema llegó a México con la Ley de Identidad de Género (Procedimiento Administrativo) que permitió el cambio de identidad de género sin necesidad de juicio y fue resultado de la presión de activistas locales de la comunidad LGBTTTIQ y de la Comisión de Derechos Humanos en el entonces Distrito Federal. Apenas en el 2024 se aprobó en el Congreso local de la capital del país la Ley Paola, es una legislación que tipifica el transfeminicidio como un delito específico en el Código Penal, castigándolo con penas de 35 a 70 años de prisión. Surge en memoria de Paola Buenrostro, trabajadora sexual trans asesinada en 2016.
Hablar de estos temas en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara sigue siendo un tabú para muchos sectores sociales y es respetable su posición. El conservadurismo social o tradicionalista es una postura política y social que prioriza la preservación de normas, valores, instituciones y costumbres tradicionales —frecuentemente basadas en la familia, la religión y el patrimonio cultural— oponiéndose a cambios radicales o progresistas. Busca mantener la estabilidad social y la estructura familiar tradicional.
La imposición de la agenda 2030 a nivel internacional y lo que se ha legislado hasta el momento en México no fueron suficientes para aprobar una ley tan polémica en Jalisco. Lo cierto es que está pendiente una resolución de la SCJN que indiscutiblemente traerá consecuencias jurídicas. Más allá de posicionamientos mediáticos habrá quien o quienes paguen los platos rotos en torno a la negativa de hablar de este tema.
