Por Gerardo Rico, periodista e investigador
En los últimos días del reciente terminado mes de abril la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrentó una severa crisis política y acusaciones por parte de legisladores de Morena y autoridades federales por la presunta operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en operativos de seguridad en ese estado.
Dos agentes de la CIA, junto con dos funcionarios mexicanos, murieron el 19 de abril cuando su vehículo se precipitó por una remota carretera de montaña en Chihuahua al regresar de un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de metanfetamina. Las autoridades estatales dijeron que solo dos extranjeros participaron en la operación.
El episodio desencadenó un tenso enfrentamiento entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobierno del estado de Chihuahua. La mandataria dijo en repetidas ocasiones que su gabinete de seguridad no tenía conocimiento de las actividades de la CIA en Chihuahua y advirtió que podrían haber sido ilegales, por lo que inició una investigación federal sobre el asunto.
Sheinbaum también exigió información a Estados Unidos para aclarar el papel de los dos agentes de la CIA en el operativo y determinar si eso infringía las leyes de seguridad de México, que prohíben que agentes extranjeros operen en el país sin autorización federal previa.
El 29 de abril todo cambió. El Departamento de Justicia estadounidense acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y 10 funcionarios de esa entidad de tres delitos: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
El caso fue presentado ante el tribunal federal del Distrito del Sur de Nueva York y asignado a la jueza federal, por cierto, el mismo lugar donde llevan el proceso del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa. Rocha Moya y los otros acusados son vinculados a “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa que dirigen los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en dicha entidad del país.
A año y medio de asumir la Presidencia de la República, la mandataria mexicana se encuentra ante una encrucijada que puede definir el futuro inmediato de las relaciones México-Estados Unidos. La presión sobre el gobierno mexicano es inminente, la entrega o no de Rocha Moya se convirtió en una determinación de alto impacto y la posibilidad de operaciones militares unilaterales de la Unión Americana en nuestro país son cada vez un riesgo más latente.
Pero este riesgo no solo se limita al ámbito de seguridad, pues la relación bilateral de manera conjunta está en tensión. Basta recordar la coordinación inédita entre las agencias estadounidenses de seguridad y las diferentes dependencias mexicanas desde el inicio de la actual administración federal. También se pone en juego la revisión del T-MEC que está a punto de iniciar, esto por el clima político que impera en nuestro país y la idea de falta de control institucional.
Por lo pronto la Presidenta solicitó pruebas irrefutables a las autoridades estadounidenses, de acuerdo a las leyes mexicanas y subrayó que la Fiscalía General de la República es la única instancia que determinará si se procede contra los acusados. Dijo que no se encubrirá a nadie, pero advirtió que sin evidencias sólidas las acusaciones contra Rocha Moya podrían tener un tinte político.
Aunque muy pocos metan la mano al fuego por el gobernador sinaloense, se trata de un polémico personaje que en su momento fue mencionado en una carta por el entonces líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, quien tras su detención en Texas el 25 de julio del 2024 afirmó que el día de su captura tenía programada una reunión a la que asistiría el propio Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, asesinado en esa fecha, en un caso que generó controversia política y dudas sobre la versión inicial de la Fiscalía de Sinaloa.
Seis días antes de darse a conocer las acusaciones contra el mandatario sinaloense el Embajador de la Unión Americana en nuestro país, Ronald Johnson -ex militar y ex agente de la CIA- advirtió en ese estado que la corrupción y la extorsión representan obstáculos directos para la inversión y el desarrollo de proyectos estratégicos en América del Norte. Johnson participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo Pacífico Mexinol en Topolobampo y el evento fue encabezado por el propio Rocha Moya.
Vino la respuesta de la Presidenta Sheinbaum: “un embajador no puede tener actitudes injerencistas. Es muy importante el respeto mutuo, nosotros hemos sido muy respetuosos, además nuestro interés queremos una relación de respeto, de colaboración y de entendimiento; pero tiene que ser muy claro el respeto. México debe ser respetado por todas las naciones del mundo”. Son muchos los desencuentros en las últimas semanas entre los gobiernos de México y Estados Unidos y la relación bilateral se torna compleja ante las acusaciones directas de vínculos con el narcotráfico de encumbrados políticos de la 4T. Son muchas las filtraciones a los medios de comunicación que originan rumores sobre una eventual intervención armada en territorio nacional. Tremendo reto tiene por resolver la Presidenta Claudia Sheinbaum en lo externo y más aún en lo interno con las diferentes corrientes de Morena, donde por un lado se habla de colaboración directa con el gobierno estadounidense y por otro de la defensa a ultranza de la soberanía nacional.
