EL COSTO DEL AHORRO

Por Gerardo Rico, Periodista e Investigador

En el marco del llamado Plan B, el 18 de febrero de este año la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la iniciativa para eliminar las llamadas “pensiones doradas”. El objetivo fue reformar la Constitución General de la República para establecer que ninguna pensión de ex funcionarios de confianza, en especial de PEMEX, CFE y organismos descentralizados, supere el 50% de la remuneración de la Jefa del Ejecutivo. Y fue el pasado 11 de abril que entró en vigor esta medida.

La suspensión de las llamadas “pensiones doradas” o jubilaciones de privilegio tiene un significado político profundo en la narrativa gubernamental, centrado principalmente en la lucha contra las desigualdades percibidas, la búsqueda de austeridad fiscal y el desmantelamiento de símbolos del poder político tradicional.

Con estas acciones el gobierno federal tendrá ahorros por cinco mil millones de pesos, mismos que se destinarán a los programas sociales que promueven las administraciones morenistas desde el 2018. Cálculos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisan que son alrededor de seis mil los ex funcionarios y ex directivos de empresas estatales y organismos financieros públicos que en su momento se sirvieron con la “cuchara grande” y reciben pensiones por encima del límite establecido.

De este universo, al menos cuatro personas obtienen pensiones superiores a un millón de pesos mensuales y están vinculadas principalmente con la extinta Luz y Fuerza del Centro, en la Ciudad de México.

Las reformas al 127 constitucional ya originaron tensión entre la clase gubernamental que lleva las riendas del país y un sin número de jubilados ajenos a situaciones políticas y que desde hace años cumplieron con los requisitos legales para obtener su pensión bajo las cláusulas de la Ley Federal del Trabajo al terminar su vida productiva.

Paradójicamente estas disposiciones no se contemplan para la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir las fuerzas armadas no fueron tocados en sus intereses al igual que con jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, usted puede sacar sus conclusiones.

Considero que en su afán por obtener recursos económicos de donde sea, para garantizar los flujos de dinero a los programas sociales el gobierno federal abrió una “caja de pandora” en un sector que, si bien numéricamente puede no representar un riesgo electoral, sí inició movilizaciones en todo el país para defender lo que consideran una violación flagrante a sus derechos humanos.

En Jalisco los jubilados de la CFE son aproximadamente tres mil y a nivel nacional 12 mil 500 mismos que iniciaron su defensa jurídica para evitar que les disminuyan las pensiones que reciben desde hace años: Las manifestaciones ya son una realidad en ciudades como Monterrey, Querétaro, la Ciudad de México y aquí en Guadalajara.

Bajo la consigna “pensiones ganadas, no pensiones doradas” decenas de trabajadores jubilados de dicha paraestatal presentaron los primeros amparos contra las modificaciones al polémico artículo 127 constitucional en el que topan las pensiones de organismos públicos federales en el equivalente al 50% del salario de la Presidenta Claudia Sheinbaum, esto es, 75 mil pesos mensuales en promedio.

Los inconformes se manifestaron a las afueras de las oficinas del Poder Judicial de la Federación, para mostrar su rechazo a las consecuencias jurídicas colaterales que originó dicha modificación a la Constitución.

A través del Ingeniero Juan Carlos Aréchiga, quien laboró por más de 30 años en la CFE expresaron estar de acuerdo en la austeridad y equidad que promueve el gobierno de la República, sin embargo señalaron que estas medidas representan una violación a sus derechos adquiridos pues en su momento cumplieron con todos los requisitos de jubilación estipulados en la ley bajo esquemas contractuales  distintos y legitimos. Por todo lo anterior, informó que continuarán con la presentación de amparos antes de que les hagan efectivos los descuentos en sus pagos que reciben cada 14 días desde hace ya varios años.

Por su parte, el representante jurídico de los inconformes, el Abogado Rubén Martínez Bocanegra, explicó que estas modificaciones al artículo constitucionales generan violaciones gravísimas al Derecho Mexicano. La primera se violan los Derechos Humanos consignados en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, la segunda se violenta el derecho de retroactividad del artículo 14 de nuestra Constitución y la tercera la seguridad jurídica plasmada en el artículo 16 constitucional”.

Añadió que la pensión de los jubilados de la CFE les fue otorgada bajo la Ley Federal del Trabajo y bajo un dictamen correspondiente a la cantidad de años que cada uno de los trabajadores alcanzó, “ese dictamen fue llevado a la categoría de cosa juzgada por lo que obtuvieron una pensión de legalidad. Esa pensión ya es parte de su patrimonio, por lo que adquirieron un estatus de Derechos Humanos, mismo que se les está violentando con la reforma ya explicada”.

Independiente al rechazo de juzgados de Distrito a los primeros amparos de jubilados de la CFE en la Ciudad de México, esta situación tiende a generalizarse y a movilizar a sectores sociales que no estaban interesados en participar políticamente. Entre las divisiones internas en Morena y el conflicto con los partidos políticos aliados el tiempo nos dirá si la soberbia del poder y la deferencia a amigos y aliados no da al traste con los objetivos electorales de triunfo el próximo año.