COLUMNAS
Entre la legalidad y la legitimidad
Una columna de Gerardo Rico
La legalidad se refiere a la conformidad con la ley, la cual incluye el conocimiento, el cumplimiento y el respeto de las leyes, así como la sujeción a ellas. En otras palabras, la legalidad implica que las acciones, tanto de las autoridades como de los ciudadanos, deben ajustarse a lo que establecen las leyes vigentes.
La legitimidad, en términos generales, se refiere a la cualidad de ser legítimo, es decir, conforme a la ley, a la justicia o a la razón. En otras palabras, es la propiedad de ser aceptado como válido o justo dentro de un sistema normativo o de valores. En el contexto político, la legitimidad se refiere a la percepción que los ciudadanos tienen sobre el derecho de un gobierno o autoridad a ejercer el poder.
La legitimidad al ser el más votado se gana a través de la victoria en las urnas, pero también requiere la aceptación del proceso electoral y la confianza del pueblo. Un candidato que gana la mayoría de los votos, además de demostrar el apoyo popular, debe asegurar que la elección haya sido transparente, libre de irregularidades y respetando los derechos políticos.
La elección del Poder Judicial, especialmente cuando se hace por voto popular, ha sido objeto de críticas y preocupaciones por su posible impacto en la independencia judicial y la calidad de la justicia. Se argumenta que la influencia política y el costo electoral pueden comprometer la imparcialidad de los jueces y magistrados, así como la eficiencia del sistema judicial en su conjunto.
La elección popular puede hacer que los jueces dependan de la aprobación del electorado en lugar de su capacidad profesional y trayectoria. Esto podría generar presión política para tomar decisiones que beneficien a los votantes en lugar de las leyes y la justicia. La campaña electoral y la influencia política pueden hacer que los jueces se conviertan en objetos de negociación política, lo que afecta la imparcialidad del sistema judicial y la confianza de la ciudadanía.
El caso Jalisco
Con una partición de apenas 7% en promedio de un padrón de 6 millones 890 mil 349 habitantes de Jalisco la elección del Poder Judicial en nuestro Estado resultó más que un fiasco, pues en números redondos el número de votantes no llegó ni al medio millón y apenas votaron menos de 483 mil sufragantes.
La jornada en nuestro estado se convirtió en una mera simulación de los cuadros dirigentes de Morena en Jalisco, pues luego de comprometerse a “llevar” gente a votar simplemente fueron objeto de la apatía y del poco interés de la para acudir a las casillas, además al momento de emitir el voto los pocos que llegaron a la cita electoral a nivel local se encontraban con un galimatías de boletas donde había que votar por verdaderos desconocidos.
Esta situación tuvo su origen desde la planeación del proceso y las prisas por realizarlo por parte del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordaba en otra participación editorial el origen de la elección del Poder Judicial que tuvimos el pasado 1 de junio:
Luego que le fueron bloqueadas diferentes propuestas de reformas por la SCJN, como el Plan A, que buscaba transformar varias estructuras y procesos del sistema electoral en México; el Plan B luego de descarrilar el A y en el que pretendía impedir que instituciones como el INE fueran tomadas por personajes como Lorenzo Córdova, quien demostró su apoyo abiertamente a la derecha; Ley de la Industria Eléctrica, con ello, el Poder Judicial daba la razón a las trasnacionales, seis empresas extranjeras se ampararon y el bloque conservador en la Segunda Sala de la Corte declaró inconstitucional la reforma eléctrica, entre otras.
Hay que recordar la votación del 10 de septiembre del 2024 en el Senado de la República, donde Morena logró por un voto por demás controvertido la reforma al Poder Judicial más importante desde 1994, cuando la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) pasó de 26 a 11 asientos y se creó el Consejo de la Judicatura. El voto fue del panista Miguel Ángel Yunes Linares, hijo de un polémico ex gobernador de Veracruz que lo mismo militó en el PRI, en el PAN y terminó en Morena. Aún con la inconformidad de la actual gobernadora Rocío Nahle.
Hablamos de una reforma judicial que pretende cambiar de arriba abajo el sistema de justicia y que sume a México en un terreno desconocido. Ningún país en el mundo del tamaño de México ha elegido hasta ahora a sus jueces por voto popular, la piedra angular de la enmienda. Una reforma constitucional que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, persiguió el último año de su mandato y que consiguió a menos de un mes de ceder el poder a Claudia Sheinbaum, su sucesora, que ha apoyado sin equívocos la enmienda.
La reforma al Poder Judicial en México ha generado diversas consecuencias, tanto positivas como negativas, especialmente en lo que se refiere a la independencia y profesionalización de la judicatura, así como a la seguridad jurídica y el estado de derecho. La reforma podría debilitar la independencia de los jueces y magistrados, al permitir la elección popular de algunos cargos judiciales, lo que los podría llevar a ser más susceptibles a presiones políticas y a perder la capacidad de tomar decisiones basadas en la ley y la justicia.
La elección popular podría generar la politización de la justicia, ya que los jueces y magistrados podrían estar obligados a someterse a los intereses de quienes financiaron sus campañas, lo que podría afectar la imparcialidad y la objetividad en la impartición de justicia. La reforma podría afectar la protección de los derechos humanos y la seguridad jurídica, ya que la falta de independencia y profesionalismo podría llevar a que los jueces tomen decisiones que no sean favorables a la ciudadanía.
